La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo con el propósito de restringir el uso de la suspensión provisional en los casos de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El planteamiento, recibido este lunes en el Senado, busca reforzar los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En el documento, la mandataria sostuvo que el congelamiento y decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas son herramientas esenciales del Estado. Detalló que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de agosto de 2025 se promovieron 3 mil 659 juicios de amparo contra la UIF por inclusión en la lista de personas bloqueadas. En ese mismo periodo, se otorgaron mil 407 suspensiones definitivas que permitieron desbloquear cuentas señaladas.
El impacto ha sido significativo: se han liberado recursos por 27 mil millones de pesos, equivalentes al 54.4% del total inicialmente congelado. De acuerdo con el informe, tan solo en 2023 y 2024 se desbloquearon montos equivalentes al 86.3% y 72.3% de lo que originalmente se había inmovilizado.
Ante este escenario, Sheinbaum planteó modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer que habrá perjuicio al interés social cuando la suspensión permita operaciones que favorezcan o cooperen en actos relacionados con recursos de procedencia ilícita. En este supuesto, “en ningún caso procederá la suspensión provisional”.
La propuesta aclara que, a pesar del congelamiento de cuentas, deberán quedar a salvo recursos destinados al pago de salarios, pensiones alimenticias decretadas por autoridad, obligaciones con trabajadores, créditos fiscales o hipotecarios para vivienda de uso propio, así como fondos mínimos para la subsistencia del titular y sus dependientes.
La iniciativa también contempla que la suspensión no procederá en casos donde se impida al Estado ejercer sus facultades en materia de deuda pública. En cuanto a la suspensión definitiva, solo podrá concederse si se acredita la licitud de los recursos inmovilizados. “De esta forma, se permite un margen de protección judicial cuando el dinero no provenga de actividades ilícitas”, señala el proyecto.
La reforma será turnada a comisiones del Senado en la sesión del próximo miércoles, donde iniciará su proceso de análisis y dictaminación. Con esta medida, el Ejecutivo federal busca blindar el sistema financiero y reducir el uso de amparos que, en los últimos años, han permitido liberar grandes cantidades de recursos vinculados a investigaciones de la UIF.